Christian González Aceña tiene 46 años, es ingeniero técnico agrícola y trabaja una hectárea de tierra en Bustarviejo, en la Sierra Norte de Madrid, a 1.300 metros de altitud. La finca, que pagó en 2014 por "unos 38.000 euros", estaba abandonada desde hacía entre 15 y 20 años cuando llegó. Hoy es La Huerta de Abril, una explotación ecológica que cultiva más de 80 variedades comerciales, vende parte de su producción a restaurantes con estrella Michelin y da empleo a siete personas. Por supuesto, esto ha atraído a algún que otro interesado que ha puesto sobre la mesa mucho dinero.

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La oferta que rechazó fue de 700.000 euros, según sus propias palabras en el vídeo: "Te puedo decir lo que me han llegado a ofrecer y les he dicho que no. 700.000 euros y les he dicho que no". La propuesta, explica al youtube Goly (vía El Periódico), vino de un amigo que quería organizar eventos en la propiedad. El periodista que le entrevista le replica con sorna: "Eso es una jubilación, ¿eh?". Christian no se inmuta. La cifra multiplica por más de 18 el precio de compra, pero el agricultor la rechaza con un argumento que el artículo de El Periódico recoge en su frase literal: "Lo que hago en realidad es para dejar un legado a mi familia y a la humanidad". La declaración está respaldada por un deseo explícito: "A mí me encantaría que alguna de mis hijas cogiera el relevo de la huerta. Sé que es difícil, pero sí que me gustaría". La continuidad familiar, en su relato, es tan importante como la producción.

Una finca que exige mucho más que 700.000 euros

El coste de montar la explotación, sin embargo, desmiente cualquier imagen bucólica. La valla costó 18.000 euros, la pérgola para la venta otros 20.000, el aljibe 7.000, y entre 4.000 y 5.000 euros se gastaron solo en 2026 en plantas y semillas. "Aquí cada movimiento es un dineral", reconoce Christian en el vídeo, mientras muestra las estaquitas, a 6 euros cada una, y las mallas de agrodón, a 140 euros por unidad. A eso se suma un trabajo que empieza a las seis de la mañana para recoger la verdura con la temperatura mínima del día y se interrumpe a mediodía, cuando el calor hace "imposible continuar trabajando al sol". La finca está en alta montaña, una ubicación que Christian defiende con una explicación que, según cuenta, escuchó a un comprador de aceites esenciales para Loewe: el salto térmico entre el día y la noche aumenta la viscosidad de los tejidos vegetales, lo que se traduce en mayor concentración de aceites esenciales y azúcares. "Las mejores verduras y las mejores plantas medicinales que puedes cosechar están en la montaña", concluye.

El modelo económico, no obstante, ha estado al borde del colapso. En los seis años de actividad han sufrido dos granizadas, una de las cuales les obligó a recurrir al crowdfunding: "Vendimos lo que se dice futuros para la siguiente campaña, experiencias en la finca y cestas. Y la verdad que la gente respondió muy bien y conseguimos tirar para adelante, pero tuvimos un momento crítico". El precio del tomate, entre 5 y 6,5 euros el kilo, lo fija por escandallo de costes, no por lo que haga la competencia, y lo defiende con un argumento que roza la herejía en el sector: "Si pruebas un tomate de esos [los de 20 euros], que tiene un sabor extraordinario, y pruebas un tomate de los nuestros, que es la hostia, caro o barato, depende de la calidad de lo que estás comiendo". El cliente final, reconoce, lo descubre tarde: "Hay clientes que vienen por primera vez y prueban una fresa, un fresón o un pepino o un tomate, y te lo dicen ellos: 'joder, mejor tomate que he probado en mi vida'". Pabú, el restaurante de Coco Montes en Madrid que recibe sus verduras, consiguió su primera estrella Michelin en 2024; para Christian, ese reconocimiento fue "como la final de la Champions".

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La decisión de Christian, en cualquier caso, no es solo económica: es una toma de posición sobre el modelo agrario. En el vídeo denuncia cómo la agroindustria multinacional controla el mercado de semillas y menciona el gen "terminator": "puedes coger un tomate, una frutería y lo pones a germinar y no te germina. Entonces eso te genera, te tienes que comprar esas semillas todos los años". Su respuesta es mantener una colección botánica de variedades antiguas, donde el ADN está "seleccionado por el sabor, no por la producción". La finca, en consecuencia, no se vende. El agricultor prefiere quedarse con 38.000 euros invertidos, dos granizadas superadas y una estrella Michelin ajena como referencias, antes que con 700.000 en la cuenta y un campo baldío vendido a eventos.

Y es que, de hecho, debajo del caso personal late una pregunta mayor que el propio Christian formula casi sin querer: "Creo que es necesario que haya gente cultivando hortalizas y manteniendo colecciones de semillas y colecciones botánicas". La frase suena a sentencia. En una España donde un agricultor de 86 años se niega a vender sus tierras pese a una oferta de 14 millones para construir un centro de datos, donde Pascual Cabedo denuncia que las cebollas valen 9 céntimos en el campo y casi 2 euros en el supermercado y donde el campo español "agoniza" mientras los agricultores emigran a Australia por 6.800 euros al mes, decisiones como la de Christian no son una extravagancia: son una divergencia filosófica con el modelo. El lujo, dice él, no está en el precio del tomate. Está en saber exactamente qué se come. Y a 700.000 euros, eso no tiene precio.

Imagen | Goly (vía YouTube)

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Jesús Rodríguez, gerente y profesor de la Autoescuela Saltés de Huelva, describe en La Tarde de COPE el bloqueo que sufre el sector: hay alumnos, hay coches, hay profesores, pero no hay fechas de examen. En Huelva, más de 4.500 personas esperan el examen práctico; en toda Andalucía, la cifra alcanza los 82.000 alumnos, según datos del sector recogidos por El Español el 17 de julio de 2026. Ese mismo viernes, las autoescuelas andaluzas se manifestaron por primera vez al unísono para exigir soluciones a la Dirección General de Tráfico.

La causa es estructural. La plantilla actual de examinadores fue diseñada hace más de una década, cuando la población era menor. El director general de Tráfico, Pere Navarro, lo reconoció en julio de 2025: la plantilla estaba dimensionada para unos 40 millones de habitantes, frente a los cerca de 50 millones actuales, y la capacidad de examen se había reducido de 16 a 12 pruebas por examinador y día, según Europa Press. La Administración ha ampliado en 130 puestos la relación de puestos de trabajo de examinadores, mientras que la convocatoria publicada en el BOE con referencia BOE-A-2025-27061 contempla 100 plazas de acceso libre y 48 de promoción interna. Para un país que ya supera los 49,8 millones de habitantes y con 82.000 alumnos acumulados solo en Andalucía, el desfase es evidente, aunque las cifras de plazas no pueden traducirse directamente en 12 incorporaciones netas.

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Las consecuencias económicas para el sector son directas. Jesús Rodríguez lo formula en primera persona: si no hay examen, el alumno no da clase; si no da clase, no paga; pero el dueño sigue teniendo que abonar la letra del coche, la Seguridad Social de los empleados y el mantenimiento de la flota. Fernando Lara, responsable de formación de Autoescuela Lara, lo resume en términos de capacidad ociosa: "Yo puedo tener 50 coches, pero si no puedo examinar, el alumno no quiere dar clase, no sirve". La DGT, además, ha reducido la capacidad de examen por jornada, pasando de 16 a 12 alumnos diarios, lo que recorta aún más el caudal de pruebas.

El caso personal de Rubén Albendín, opositor a policía local, ilustra el efecto colateral sobre el empleo. Tras aprobar el examen de circuito cerrado, un suspenso en la prueba de circulación lo devolvió a una lista de espera de tres a cuatro meses; su profesor le informó de que no tendría nueva fecha hasta noviembre. En un país donde el carnet de moto o de coche puede ser requisito para acceder a determinados empleos públicos y puestos profesionales, el atasco no es solo un problema de movilidad privada: es un freno sobre la inserción laboral de miles de personas. El 21 de mayo de 2026, la DGT anunció que publicaría en su web el porcentaje de aprobados por autoescuela y jefatura, pero la transparencia sobre el dato no resuelve la saturación.

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Las soluciones propuestas por el sector pasan por tres vías. La primera, organizativa: habilitar sábados para exámenes de vehículos pesados, motos y oposiciones, e implantar horas extras por las tardes. La segunda, estructural: incrementar progresivamente la plantilla de examinadores hasta ajustarla a la población actual. La tercera, institucional: buscar fórmulas que permitan aumentar la capacidad de examen y reducir las listas de espera. La DGT, por su parte, ha activado el Plan de Refuerzo Operativo (PRO), que permite realizar exámenes puntuales en fechas no habituales, incluidos sábados en determinados casos, pero el sector lo considera insuficiente. La manifestación del 17 de julio en Andalucía, con más de 1.000 personas según Europa Press, reclamaba "más examinadores o que se puedan realizar exámenes por otras vías".

El callejón, en cualquier caso, tiene una fecha de inicio y todavía no tiene fecha de cierre. La plantilla se diseñó para una España de unos 40 millones de habitantes; hoy son casi 50 millones. La Administración ha aprobado una ampliación de 130 puestos de examinadores y ha convocado nuevas plazas para el cuerpo de Tráfico. Y mientras tanto, las autoescuelas siguen pagando letras, seguros sociales y coches parados. La pregunta que queda botando no es si el sector sobrevive hasta que la DGT ajuste la plantilla: es cuántos negocios cerrarán antes de que eso ocurra.

Imagen | Anya Juárez Tenorio (vía Pexels)

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Aurora Matés tenía 35 años, una casa preciosa en Barcelona, un negocio en línea, dos hijos pequeños y un TEA que le generaba "muchísima ansiedad". Lo dejó todo. Hoy vive en una aldea de Ourense con unos 50 habitantes en verano y muchos menos en invierno, sin luz eléctrica en la vivienda en la que se encuentra ahora, cocinando con bombona de butano y cargando el móvil en la primera casa, que sí tiene electricidad, mientras esperan a que coloquen el tejado de la vivienda en la que vivirán definitivamente. La frase con la que cierra la pieza original es la que vertebra todo el relato: "Consideramos que hemos tomado la mejor decisión de nuestras vidas". El dato brutal, no obstante, no es la frase: es lo que tuvo que ocurrir antes para que esa frase fuera posible, como cuentan La Vanguardia y El Debate.

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Lucía (27) viviendo en una aldea gallega de 9 personas: "Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco"

La historia arranca en 2015, cuando la familia descubrió un antiguo pajar en una pequeña aldea gallega. El proyecto quedó aparcado por falta de suministros básicos. Volvió en 2023, cansada del estrés urbano. La compra terminó incluyendo una casa de 136 años y un pajar, comunicados por un patio interior, hasta sumar tres viviendas. La familia de Aurora no repuebla una anomalía: ocupa un eslabón perdido de una cadena demográfica rota. En Galicia, el fenómeno de los núcleos que se quedan sin habitantes es especialmente acusado: a 1 de enero de 2025 había 2.008 entidades singulares sin población, de las que 934 estaban en Lugo, y durante 2024 se vaciaron otras 23 en esa provincia, según los datos recogidos por El Progreso.

El relato que cuentan los Matés a La Vanguardia tiene los ingredientes del género: panadera, paseos en bicicleta, vacas del pueblo, hijos que trepan árboles y prefieren los animales a la Tablet, vecinos que pican a la puerta con productos del huerto y un lobo que se come una oveja y los niños lo viven "como un cuento". El ángulo emocional es real: Aurora confiesa que por primera vez en su vida siente calma, algo que atribuye a la escasez de estímulos del campo. Una investigación internacional publicada en Environment International, con 50.363 participantes de 58 países, también ha estudiado la relación entre el contacto con la naturaleza y el bienestar. La pregunta, sin embargo, no es si el campo calma. Es a qué precio y para cuántos.

Ahí aparece la otra cara. El neorruralismo de Instagram, con su remolque de un metro cúbico, su reforma integral desastre y su "madre mía, ya vivimos aquí", convive con una estadística tozuda: el éxodo urbano que prometió la pandemia no se ha traducido automáticamente en una repoblación permanente del medio rural. Aurora y Miqueas pertenecen, al menos por ahora, a quienes han dado el paso de convertir una segunda residencia en un proyecto de vida permanente: han vendido su vivienda de Barcelona, han cerrado su negocio en línea, han escolarizado a sus hijos y están rehabilitando sus nuevas viviendas, según explica El Debate. El Instituto Nacional de Estadística muestra, por su parte, que más de la mitad de los municipios españoles aumentaron o mantuvieron su población durante 2023 (datos publicados por el INE).

Lo paradójico del caso es que el paraíso rural que se vende como escape del capitalismo urbano no elimina las necesidades económicas de una familia. La pareja de Aurora ha cerrado su negocio en línea y ha abierto un proyecto de aceites esenciales y aromaterapia. Ahora dedica también tiempo a su canal de YouTube, aunque reconoce que todavía no genera grandes ingresos. Su estrategia, según explica ella misma, pasa por reducir sus gastos y necesitar mucho menos dinero que cuando vivían en Barcelona. Es decir, la salida del sistema no es exactamente una salida del sistema: es una reorganización de cuánto dinero necesitan para sostener el estilo de vida elegido.

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Sandra, de 28 años, dejó Madrid por un pueblo de 100 habitantes y ahora decide volver a una ciudad: "No me da para mantener un alquiler yo sola"

¿Hasta qué punto este modelo de vida puede trasladarse a otras familias? La España vaciada no se repuebla solo con historias personales: necesita población estable, empleo, vivienda, conectividad y servicios capaces de sostener la vida cotidiana en territorios donde la pérdida de habitantes se mantiene desde hace décadas. El caso de los Matés muestra que, para algunas familias, regresar al medio rural puede convertirse en una alternativa real a la vida urbana. Pero también refleja las dificultades y condiciones que implica instalarse de forma permanente en una pequeña aldea. El rural no es únicamente un refugio frente al ritmo de las ciudades, sino un territorio con su propia economía, sus propios oficios y su propia demografía.

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Gregorio Vidal tiene 70 años y una hoja de servicios que pocos trabajadores pueden firmar: más de 47 años cotizados a la Seguridad Social. Sin embargo, a los 63 años y 8 meses, tras sufrir un accidente laboral que le tuvo 14 meses de baja, se vio abocado a una jubilación anticipada involuntaria. La respuesta del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) fue un coeficiente reductor del 6,33% que, en sus propias palabras, "se mantiene de por vida".

Su caso, recogido por El Confidencial y Noticias Trabajo, muestra un conflicto que afecta pensionistas con carreras largas. La regla que se le aplicó está en el artículo 207 de la Ley General de la Seguridad Social, que regula la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador. La involuntariedad, cuando se cumplen los supuestos previstos por la ley, abre la puerta a adelantar hasta cuatro años la edad ordinaria, pero no exime de la penalización: por cada mes que se anticipa el retiro, la Seguridad Social aplica un porcentaje reductor que reduce de forma permanente la cuantía de la pensión.

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Y ahí está el nudo del conflicto. Gregorio adelantó 16 meses su edad de retiro, lo que le colocó en una horquilla de coeficientes que, según las tablas oficiales de la Seguridad Social para 2026, oscilan entre el 4,75% y el 30% en la modalidad involuntaria y entre el 2,81% y el 21% en la voluntaria. Cotizar más de 44 años y seis meses, el tramo más favorable, mitiga el porcentaje, pero no lo anula. Es decir, los 47 años de Gregorio no le sirvieron para escapar del recorte, sino para que este fuera del 6,33%, inferior al que le habría correspondido con una carrera de cotización más corta. La queja de Gregorio es directa: "Creo que no hay derecho, porque esta penalización quiere decir que no todos los españoles somos iguales ante la ley".

El descontento ha saltado al Congreso. El 13 de noviembre de 2025, una moción instó al Gobierno a eliminar los coeficientes reductores para carreras superiores a 40 años; la iniciativa salió adelante sin votos en contra y con 180 votos a favor y 170 abstenciones. Pero la moción no es ley. En la respuesta escrita del Ejecutivo al Congreso, el Gobierno cifró el coste de suprimir la penalización en 3.358 millones de euros anuales: 1.345 millones para las jubilaciones voluntarias y 2.013 millones para las involuntarias. La puerta, por ahora, sigue cerrada. Detrás del reclamo está Asjubi40, una asociación que reúne a jubilados con más de cuatro décadas de cotización y que ha llevado el caso al Senado, al Parlamento Europeo y a varios parlamentos autonómicos.

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¿De qué sirve cotizar 47 años si el recorte se aplica igual? La respuesta del sistema es matemática: los coeficientes reductores disminuyen la cuantía de la pensión por adelantar la jubilación y forman parte de las reglas establecidas para acceder anticipadamente al retiro. Pero el contraste europeo también es difícil de ignorar: Alemania contempla una jubilación sin penalización para determinadas carreras de al menos 45 años; Francia cuenta con mecanismos vinculados a los trimestres cotizados; e Italia ha utilizado fórmulas como las conocidas como "cuotas 100, 102 o 103". España, por ahora, mantiene estos coeficientes reductores para determinadas jubilaciones anticipadas incluso en carreras de cotización muy largas. "Hemos cotizado más de 40 años y, al ser penalizados injustamente, pedimos que se nos devuelva el dinero que se nos está quitando". La última palabra no la tienen los jubilados: sino el BOE.

Imagen | Fagner Silva (vía Pexels)

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Septiembre suele ser, junto a enero, un mes donde nos marcamos nuevos retos. Que si conciliar mejor la vida laboral y familiar, que si apuntarnos a clases de inglés, empezar nuevos hobbies o retomar las siempre sacrificadas clases en el gimnasio.

La vuelta de las vacaciones es un momento ideal para captar clientes en este tipo de negocios. Los excesos de la época estival llenan las salas.

Sin embargo, una parte de esos recién inscritos termina reduciendo sus visitas pocas semanas después. Entonces, ¿cómo pueden seguir abiertos tantos gimnasios en España, sobre todo los considerados low cost? Se calcula que hay abiertos casi 5.000.

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Los expertos financieros Raquel Valero y Rafael Navarro a través de su perfil en Instagram, han explicado esta particularidad de un negocio que llega a bajar las tarifas a alrededor de 20 euros al mes: “El negocio no cuenta con que vayas. Cuenta con que te apuntes, que vayas un par de semanas, que te hagas un par de fotos para Instagram y luego que no vuelvas”.

Más socios que usuarios simultáneos

Una de las claves está en que la capacidad económica de un gimnasio no tiene por qué coincidir con su capacidad física. El establecimiento puede mantener miles de membresías aunque resulte imposible recibir simultáneamente a todos esos socios.

“Un gimnasio low cost está construido matemáticamente para tener muchos más socios que máquinas. Si el 100% de los socios apareciera un lunes cualquiera no cabrías”, explica Valero.

Los expertos señalan que dos de cada diez personas inscritas dejan de acudir al gimnasio después de tres meses. Esa inactividad permite mantener una base de abonados superior a la ocupación real.

Raquel, la otra experta, además, plantea entonces la consecuencia lógica: “¿Entonces, cuanto menos vaya yo?”. La respuesta de Valero resume el modelo: “Pues más rentable eres. Enhorabuena, eres su cliente ideal”.

El gimnasio continúa ingresando la mensualidad, mientras ese cliente apenas genera presión sobre máquinas, vestuarios, duchas o aforo. De ahí la importancia de las cuotas recurrentes y de mantener una amplia cartera de socios.

¿Cuánto puede facturar un gimnasio?

El precio de la membresía es solo una variable. Según las estimaciones de Plandenegocio.es, un gimnasio pequeño en España puede registrar entre 80.000 y 200.000 euros de facturación anual, mientras centros medianos, grandes, franquicias o instalaciones premium pueden superar los 500.000 euros e incluso alcanzar el millón.

El beneficio neto puede moverse aproximadamente entre 8.000 y 250.000 euros anuales dependiendo del modelo, tamaño y localización, con márgenes habituales de entre el 10% y el 25%.

Las cuotas constituyen la principal fuente de ingresos, pero existen otras vías: entrenamiento personal, clases dirigidas, nutrición, productos deportivos o servicios premium.

Por ejemplo, un establecimiento con 300 clientes que abonen 40 euros mensuales ingresaría 12.000 euros al mes únicamente mediante cuotas, equivalentes a 144.000 euros anuales si mantiene estable esa base.

¿Cuántos socios hacen falta para ser rentable?

No existe un número válido para todos los gimnasios. El objetivo siempre va a ser conseguir suficientes ingresos para cubrir alquiler, salarios, electricidad, mantenimiento, financiación de maquinaria, seguros y demás gastos.

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Por ello, 300 socios pueden resultar suficientes para un establecimiento y claramente insuficientes para otro. Un local de pequeñas dimensiones con estructura reducida tiene necesidades muy diferentes a las de un centro de 1.500 metros cuadrados cargado de maquinaria.

La retención también resulta decisiva. Incluso cuando algunos usuarios apenas acuden, mantener su suscripción aporta previsibilidad a los ingresos y reduce la necesidad de captar continuamente nuevos clientes.

El caso de Roberto González

El caso de Roberto González ayuda a entender el caso de estos negocios de índole deportivo. El propietario de la cadena Vitalfit cuenta con dos gimnasios en Palma de Mallorca, prepara un tercero y dispone además de cuatro establecimientos especializados en nutrición deportiva.

“Montar un gimnasio como este ha superado, más o menos, el millón y medio de euros. Estamos hablando de un gimnasio de 1.400 metros cuadrados prácticamente, y donde hay muchísima maquinaria”, explica.

No todos los proyectos requieren semejante desembolso. González pone como ejemplo otro centro de aproximadamente 550 metros cuadrados cuya inversión rondó los 250.000 euros. “Las máquinas normalmente se compran, se hacen de renting o vas al banco y pides un préstamo”, señala. En ese proyecto, aproximadamente el 30% de la inversión tuvo que aportarse con recursos propios.

Con más de 5.000 socios, la escala cambia por completo. González sitúa sus ingresos mensuales “entre 100.000 y 180.000 euros” y afirma que, después de impuestos y costes como personal o alquiler, obtiene en su caso una rentabilidad aproximada de entre 60.000 y 90.000 euros mensuales.

“Este año superaremos los tres millones de euros de facturación, y el siguiente va a ser aún mucho mejor, porque vamos a contar con más centros”, asegura.

Imagen | Instagram errequeerretv

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La noticia ¿Cómo gana dinero un gimnasio que cobra 20 euros al mes?, un experto responde: “Cuanto menos vayamos, más rentable es” fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Sergio Delgado .

La regla general la fija el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones: una persona de entre 23 y 29 años puede ser beneficiaria individual del IMV aunque resida con sus padres, siempre que no se integre en su unidad de convivencia. La condición, recogida por la Seguridad Social en su página oficial del Ingreso Mínimo Vital, se traduce en tres prohibiciones que conviene leer despacio: no estar casada (salvo trámites de separación o divorcio en curso), no estar unida como pareja de hecho y no formar parte de otra unidad de convivencia. Dicho de otro modo, compartir piso con los padres es admisible; compartir hogar y formar parte de su unidad de convivencia, no. Y ahí empieza la parte fina del expediente.

El primer filtro es la independencia previa. El solicitante de 23 a 29 años debe acreditar que ha vivido de forma independiente durante al menos los dos años anteriores a la solicitud, con un domicilio distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores. Dentro de ese bienio, además, debe figurar un mínimo de doce meses en alta en la Seguridad Social, Clases Pasivas o una mutualidad alternativa al RETA, seguidos o no. Para los mayores de 30 años la exigencia se aligera: basta con un año de domicilio distinto. La excepción aparece en casos de violencia de género, separación o divorcio y otras circunstancias que se determinen reglamentariamente. En determinados supuestos, la acreditación de estas circunstancias puede requerir certificados de los servicios sociales. La Ley 19/2021, de 20 de diciembre, que es el marco normativo del IMV, establece así los requisitos para determinar cuándo una persona que comparte vivienda con sus padres puede ser considerada beneficiaria individual. Es un matiz que conviene no confundir con una simple declaración del interesado.

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El segundo filtro es la vulnerabilidad económica. Los ingresos del solicitante deben situarse por debajo de la renta garantizada que corresponda a su situación. Para 2026, según los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, esa cuantía mensual para un beneficiario individual es de 733,60 euros, equivalente a 8.803,20 euros anuales. El IMV funciona como un complemento: si una persona tiene ingresos computables inferiores a la renta garantizada que le corresponde, la prestación puede cubrir la diferencia. Y aquí hay una novedad importante respecto a la versión original de la ayuda: el IMV es compatible con ingresos laborales, de forma que encontrar empleo no apaga automáticamente el derecho. La frontera, como tantas veces en prestaciones, está también en el patrimonio: superar los umbrales puede afectar al derecho y generar cantidades indebidamente percibidas.

El tercer filtro, ya no normativo sino estadístico, ayuda a poner la medida en escala. El IMV protege hoy a más de 2,7 millones de personas en 893.820 hogares, según los datos de agosto de 2026 publicados por la Seguridad Social. La cifra ha crecido de forma notable desde que la prestación se aprobó en 2020, y el Gobierno la presenta como una de sus principales herramientas de protección social. Ahora bien, el debate sobre su eficacia no está cerrado: El Blog Salmón ya advirtió en su momento que la ejecución del IMV "ha sido un fracaso" y propuso como alternativa un subsidio temporal. La posibilidad de que un joven de 23 a 29 años pueda acceder al IMV como beneficiario individual aunque viva con sus padres forma parte de las reglas vigentes de la prestación, siempre que cumpla los requisitos establecidos.

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El cuarto filtro, y no el menor, es el mantenimiento. La Ley 19/2021 obliga al beneficiario a comunicar cualquier variación que afecte a las condiciones de la prestación en un plazo de 30 días naturales. No hacerlo puede acabar generando cantidades indebidamente percibidas y, con ellas, una obligación de devolución. El Blog Salmón lo ha documentado con un caso reciente: una mujer perdió el IMV al recibir una herencia de su madre fallecida y tuvo que devolver 5.169,23 euros. El caso llegó a los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la retirada de la prestación y el reintegro de las cantidades. La pregunta que queda botando, en consecuencia, es casi obvia: ¿está el joven de 25 años que vuelve al domicilio familiar en condiciones de asumir esa vigilancia permanente sobre su propia nómina, su patrimonio y sus cambios de unidad de convivencia? La ayuda existe. La burocracia, también. Y en este juego de sillas, callar sale caro.

Imagen | Askar Abayev (vía Pexels)

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La historia de Luisa resume en una sola vida el cruce de dos grandes debates del mercado español: el de la vivienda inalcanzable en las grandes ciudades y el del relevo generacional e inmigrante del campo. Hondureña de Patuca, emigró a España hace siete años y se instaló en Jumilla, Murcia, donde hoy trabaja en el sector agrícola. Según explica, por un piso de tres o cuatro habitaciones paga 450 euros al mes y, por jornadas de siete horas diarias, de lunes a sábado, cobra 1.300 euros al mes. Su caso muestra hasta qué punto el coste de la vivienda puede cambiar la capacidad económica de un trabajador según el lugar en el que viva.

Luisa no llegó al campo por vocación: llegó por una recomendación de amigos que le dijeron que en la zona había mucho trabajo agrícola. "Nosotros venimos porque unos amigos nos han dicho que aquí hay mucho trabajo en el campo, más que todo", cuenta en el canal de YouTube Quique Vasquez Historias de Migrantes (vía Noticias de Trabajo). Al principio, no fue fácil. "No estaba acostumbrada a trabajar en el campo", explica. Las largas jornadas bajo temperaturas elevadas en verano y frío en invierno fueron retos que hoy ha asimilado: "Ahora ya me acostumbré de hacer todo un poco con el sol y el frío", asegura. Su día a día incluye sacar hierba de la fruta, trabajar en la viña, regar, podar o despuntar los árboles. "Hago de todo un poco en el campo", explica.

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El matiz que cambia todo. La lectura fácil es la del "trabajo duro pero digno". La difícil es la del coste de vida. Luisa realiza tareas agrícolas que, según cuenta, ha tenido que aprender y a las que se ha adaptado pese a las condiciones meteorológicas. Como recordaba El Blog Salmón al analizar la situación de los recolectores agrícolas, los trabajadores españoles también han rechazado históricamente algunos de estos empleos por las condiciones y la cuantía de los jornales. El caso de Luisa pone el foco en una cuestión más concreta: la diferencia que puede marcar el precio de la vivienda sobre unos ingresos modestos.

Las consecuencias. Detrás del esfuerzo hay un objetivo familiar. Luisa comparte esta etapa con su pareja, con quien trabaja en el campo mientras ambos luchan por ofrecer un futuro mejor a sus dos hijos. "Trabajamos juntos los dos. Estamos luchando y seguiremos luchando", confiesa. Una de las grandes ventajas del campo, según ella, es el ambiente humano: "La verdad que me gusta más trabajar aquí porque así te puedes divertir con tus compañeros", señala. El oficio es exigente, pero Luisa también destaca el entorno laboral y el coste de vida como algunos de los aspectos que hacen que su experiencia sea positiva.

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La historia de Luisa sirve también para poner el foco en el problema de la vivienda española. Como advertía El Blog Salmón al constatar que el drama de la vivienda se acentuará en 2026: alquilar será un 10% más caro y comprar un 7%, la evolución de los precios sigue dificultando el acceso a la vivienda. Y como añadía el medio al radiografiar el drama del alquiler en España y cómo han subido los precios y no los salarios, el problema no es solo el precio de los pisos, sino también la relación entre los ingresos y el coste del alquiler. En el caso de Luisa, vivir en una localidad con un alquiler mucho más bajo cambia por completo esa relación.

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La noticia Luisa trabaja de agricultora en Jumilla: "Es mejor vivir aquí. Un piso de 4 habitaciones vale 450 euros" fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

Lucy Waring tiene 48 años, fue enfermera del Servicio Nacional de Salud británico (NHS) durante 27 años y, en mayo de 2025, ganó 3,9 millones de libras (unos 4,5 millones de euros) en la National Lottery junto con su marido Jon, de 58. Podría no haber vuelto nunca al hospital. Sin embargo, este mes ha regresado al Torbay Hospital, cerca de Torquay (Devon), para participar como voluntaria en la creación de obras de arte para la unidad de demencia donde trabajaba. 

El caso no es único, pero sí poco habitual. La historia, que recoge la BBC, pone en escena una cuestión que la economía vocacional casi nunca puede medir. Tras ganar el premio, Lucy dejó la enfermería. Pero unos meses después contactó con su antiguo servicio para crear "obras de arte duraderas que reconforten a los pacientes" en la unidad de demencia. El medio británico describe el gesto como un regreso voluntario y artístico, no como una reincorporación laboral. El dinero le dio la libertad, pero su regreso muestra que la relación con su antiguo trabajo no había desaparecido.

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Sí, pero. La lectura fácil es la del "buen corazón de la enfermera". La lectura difícil es la del sistema. Lucy ya había iniciado su salida de la enfermería cuando ganó el premio. El NHS británico arrastra desde hace años problemas de contratación y retención de profesionales, agravados por las enormes presiones que sufrió el sistema durante la pandemia. El caso de Lucy permite hablar de dos cosas a la vez: la vocación que sobrevive al dinero y las dificultades de un sistema que necesita retener a sus enfermeras. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez.

El contexto. La historia encaja con un debate que El Blog Salmón lleva años contando. Como reflexionaba el medio en su columna sobre si hay profesiones más dignas que otras y la vocación de la medicina, la vocación sanitaria ocupa un lugar importante en el debate sobre el trabajo y el reconocimiento profesional. Y como añadía el medio al analizar la felicidad relativa que da el dinero según el grupo de referencia, el dinero y la felicidad no mantienen una relación tan sencilla como podría parecer. El caso de Lucy lo pone en escena sin teoría: cuando el dinero deja de ser una preocupación, todavía puede quedar el vínculo con aquello que uno hacía.

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¿Cuántos "Lucy" hay en el NHS, en la sanidad pública española, en cualquier sistema sanitario europeo, que se irían mañana si pudieran permitírselo? La pregunta queda botando… porque la enfermera que vuelve a pintar la unidad de demencia no es la solución del sistema: es un ejemplo de cómo la relación con una profesión puede sobrevivir incluso después de abandonarla. El tiempo nos lo dirá. De momento, los pacientes del Torbay tienen paredes más amables gracias a una lotería.

Imagen | Lina Kivaka (vía Pexels)

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La noticia Una enfermera británica ganó 4,5 millones de euros, dejó su oficio y luego volvió a su antiguo servicio para ayudarlo fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

A los 90 años, el fundador de Inditex figura entre los hombres más ricos del planeta según la lista de Forbes, con un patrimonio estimado en torno a 140.000 millones de dólares. La cifra cuesta ponerla en perspectiva. La confesión personal del gallego, mucho menos. La cita procede de Covadonga O'Shea, periodista que en 1990 viajó hasta Arteixo para conocer al hombre detrás de Zara y terminó publicando, años después, el libro "Así es Amancio Ortega, el hombre que creó Zara" en Esfera Libros. Aquel encuentro dio inicio a una relación profesional que se prolongó durante décadas.

Lo que dice Ortega, recogido en la pieza de OK Diario que recoge la reflexión del empresario a los 90 años, es literal: "No tenía tiempo para estudiar porque trabajaba las 24 horas del día. Lo que más siento después de tantos años es no hablar inglés". Para alguien que estaba convirtiendo una empresa gallega en un grupo internacional, no dominar ese idioma podía parecer una limitación seria. Pero el fundador de Inditex encontró su propia manera de compensarla: "El resto lo voy supliendo a base de escuchar mucho y de aprender de quienes me rodean".

El origen ayuda a entender la frase. Nacido el 28 de marzo de 1936 en Busdongo de Arbas, León, en una familia humilde donde su padre era ferroviario y su madre se dedicaba al hogar, Ortega dejó los estudios siendo muy joven para trabajar como recadero en la Camisería Gala de A Coruña. Después entró en La Maja, otro establecimiento textil donde siguió aprendiendo sobre tejidos, confección y venta. Allí conoció a Rosalía Mera, su primera esposa y compañera esencial en los comienzos. La trayectoria, recogida por ABC y The Objective en reportajes sobre su infancia leonesa, dibuja un perfil que no encaja con el del empresario formado en escuelas de negocios. Encaja con el del autodidacta que se fía más de la observación que del manual.

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La máquina empezó a rodar en 1963, cuando Ortega inició su actividad de fabricación textil. En 1972 se constituyó Confecciones GOA, las iniciales de Amancio al revés, un pequeño taller dedicado a batas y albornoces. En 1975 abrió la primera tienda Zara en la calle Juan Flórez de A Coruña; en 1985 nació oficialmente el grupo Inditex, y en 1988 llegó la primera tienda en el extranjero, en Oporto. Cuando Covadonga O'Shea llegó a la sede de Arteixo en 1990, la expansión internacional ya estaba en marcha. Ortega le resumió su aprendizaje con una frase que ha envejecido bien: "Lo que hay que hacer es trabajar con pasión. Es lo que me enseñaron mis padres, unos obreros normales que pasaron las estrecheces de aquellos años en España". Y añadió, casi a modo de aviso para optimistas: "Nunca nos hemos confiado ni hemos aceptado un éxito fácil. El optimismo puede ser muy negativo. ¡Hay que arriesgar!".

Y ahí está el giro. Quien confesaba no hablar inglés ha terminado siendo, a través de Pontegadea Inversiones, propietario de edificios alquilados a grandes compañías como Meta, Amazon y Spotify. El Blog Salmón detallaba en agosto de 2026 que Ortega había invertido más de 1.302 millones de euros en al menos cuatro operaciones inmobiliarias en lo que va de año, con una cartera que ronda los 132 activos repartidos entre 13 países. La última adquisición, un complejo de oficinas en el distrito VIII de París valorado en 850 millones de euros, es la mayor compra individual de su historia. La estrategia, en cualquier caso, no es nueva: viene transformando los dividendos de Inditex en piedra desde hace más de una década.

Hoy el imperio textil lo dirige su hija Marta Ortega, cuyo nombramiento como presidenta entró en vigor en abril de 2022. El Blog Salmón ya analizaba entonces el relevo como una versión gallega de Succession, con el tiempo como único juez posible. Amancio controla todavía alrededor del 59,29% de Inditex a través de Pontegadea y Partler. A los 72 años se permitió llegar a las once al trabajo en lugar de a las nueve, después de gimnasio y desayuno con amigos. Su pequeño lujo, contaba O'Shea, no eran jets ni islas: era entrar un poco más tarde en la oficina.

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La pregunta que queda botando es casi obvia: ¿cómo se construye un imperio de más de 140.000 millones de dólares habiendo dejado los libros siendo adolescente y sin hablar inglés? La respuesta que dejan las conversaciones con O'Shea no es un secreto empresarial. Es más bien terca: trabajar sin pausa, observar mucho, preguntar a quienes saben más y, sobre todo, negarse a aceptar un éxito fácil. Dicho de otro modo, no era el inglés lo que le faltaba a Ortega para crecer. Era tiempo. Y eso, a los 90, sigue sin habérselo perdonado del todo.

Imagen | Inditex

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La noticia Amancio Ortega (90 años): "No tenía tiempo para estudiar porque trabajaba las 24 horas del día. Lo que más siento después de tantos años es no hablar inglés" fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

La crisis de Ceuta continúa tras mes y medio después de la llegada de miles de inmigrantes magrebíes y subsaharianos, a una pequeña ciudad que ha visto cómo su particular tranquilidad parece lejos de recuperarse.

Todo cambió los días 30 y 31 de julio. Desde entonces, poco ha mejorado, al contrario: inseguridad, peleas, asentamientos en espacios públicos, crisis sanitaria… y cómo no, un reguero de polémicas que no han hecho otra cosa que aumentar la crispación de una opinión pública que sigue preguntándose: ¿le debe algo el gobierno de Pedro Sánchez a Marruecos?

La incógnita sigue sin despejarse. Lo único que sí está claro son los datos, al menos los oficiales: desde 2018, se estima que 1.260 millones de euros de dinero público de los contribuyentes españoles han ido a parar a Marruecos.

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Una cantidad enorme que engloba conceptos, en ocasiones tan genéricos, como ayudas para el desarrollo, préstamos o instrumentos públicos de financiación.

Que si ayudas para la canalización del agua, infraestructuras ferroviarias, microfinanzas, desarrollo económico, control migratorio… unas cuantías que, de hecho, no han hecho otra cosa que aumentar durante los últimos años.

Más de 230 millones hasta 2023

¿Dónde han ido ya esos 1.260 millones de euros? Es importante destacar que todo este montante no corresponde íntegramente a subvenciones a fondo perdido.

El cálculo incorpora Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y a créditos concedidos mediante instrumentos como el Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), FONPRODE o COFIDES.

La cooperación española representa una de las primeras grandes partidas. En 2018, Marruecos recibió 20,08 millones de euros de AOD. La cifra aumentó hasta 29,07 millones en 2019 y descendió a 18,4 millones durante 2020, un ejercicio claro está condicionado por la pandemia.

Posteriormente volvió a crecer: alcanzó 31,37 millones en 2021 y se elevó hasta 58,55 millones en 2022. O lo que es lo mismo: Marruecos se situó de nuevo entre los principales países receptores de la cooperación española.

A esos 58,55 millones hay que añadir una operación distinta aprobada en 2022. El Consejo de Ministros autorizó un préstamo de hasta 20 millones a través de FONPRODE destinado a JAIDA, entidad marroquí especializada en microfinanzas. Solo entre ambas partidas, aquel año se movilizaron al menos 78,55 millones.

En 2023, la AOD bilateral destinada a Marruecos rondó los 50,2 millones. Además, se concedió un crédito FIEM de cinco millones a la empresa pública ONEE para financiar dos plantas potabilizadoras. La suma de las partidas contabilizadas entre 2018 y 2023 rebasa así los 230 millones.

El control migratorio también recibió fondos

En la colaboración entre Madrid y Rabat también tiene que ver y mucho, la gestión migratoria.

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En julio de 2019, el Gobierno aprobó 30 millones de euros para apoyar a las autoridades marroquíes en la lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de personas y la trata.

Hay que tener en cuenta que esos 30 millones no se añaden nuevamente al cálculo de los 1.260 millones ante la posibilidad de que estén incorporados, total o parcialmente a las estadísticas de cooperación correspondientes a ese ejercicio.

Tampoco se suman de manera independiente los 800 millones del protocolo financiero anunciado por Sánchez en 2023 cuando posteriormente parte de ese respaldo aparece concretado mediante créditos específicos.

Más de 1.000 millones para trenes y agua

Y más dinero.  Esta vez a cuenta de la financiación de infraestructuras. En 2024, COFIDES participó en el proyecto de la desaladora de Casablanca mediante 31 millones de euros procedentes del Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) y recursos propios.

2025 fue un año enormemente rentable para Marruecos. España articuló más de 750 millones de financiación pública para que la Oficina Nacional de Ferrocarriles de Marruecos (ONCF) adquiriese 40 trenes interurbanos adjudicados a la compañía española CAF.

La operación se estructuró mediante el FIEM, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), y cuenta con garantía soberana marroquí. Por sí sola representa ampliamente más de la mitad de los recursos incluidos en el cálculo desde 2018.

A ella se añadieron otros 250 millones de euros de crédito FIEM vinculados a la desaladora de Casablanca. En conjunto, los créditos destinados a los trenes y a esta infraestructura hidráulica superaron los 1.000 millones durante 2025.

El respaldo español al proyecto de Casablanca es incluso superior si se consideran otros instrumentos. Economía situó el apoyo en cerca de 340 millones al incorporar la cobertura de CESCE sobre financiación privada. Esa garantía, sin embargo, no se contabiliza como un nuevo desembolso público dentro de los 1.260 millones.

Tampoco se vuelven a añadir los 31 millones de COFIDES contabilizados previamente.

El giro sobre el Sáhara y la nueva relación con Rabat

El aumento de la cooperación económica coincide con un viraje en las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos.

En marzo de 2022, Sánchez respaldó la propuesta de autonomía planteada por Rabat para el Sáhara Occidental al considerarla la opción "más seria, realista y creíble" para resolver el conflicto.

A partir de ese momento comenzó una nueva etapa bilateral marcada por una mayor cooperación política, pero ojo, también económica. Más dinero público que, año tras año, sigue llegando a Marruecos.

Imágenes | El Mundo, The Objective

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La noticia La ‘Dolce Vita’ de Marruecos con España: más de 1.260 millones de dinero público desde la llegada de Pedro Sánchez fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Sergio Delgado .

España necesita fontaneros. Los trabajos de siempre, los oficios tradicionales, tienen un serio problema: hay trabajo, pero faltan profesionales que los lleven a cabo.

Emanuele Armeli Moccia es un fontanero italiano que vive en España desde 2017; lleva cinco años como autónomo y a través de sus redes sociales muestra la realidad de un oficio que ha ido perdiendo número de trabajadores y, paralelamente, aumentando la facturación de los que aún quedan.

¿Cuánto gana un fontanero hoy en día? Emanuele reconoce que no existe una cantidad fija: “1.900, 1.500, 900 euros... Depende del día”.

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Son ingresos brutos del negocio, por lo que no equivalen al beneficio que finalmente obtiene tras cubrir materiales, impuestos, cotizaciones y otros gastos derivados de su actividad.

Una jornada de 12 horas y una factura de 2.540 euros

Uno de los trabajos que Emanuele ha compartido en sus redes sociales ha llegado, incluso, a hacerse viral. Y ayuda también a entender hasta dónde puede llegar la facturación en determinados servicios que requieren mano de obra.

En este caso concreto, se trataba de una intervención especialmente exigente en el baño de un cliente, con trabajos relacionados en las tuberías y el suministro de agua caliente.

Una jornada se prolongó durante prácticamente todo el día. “Hoy he trabajado 12 horas seguidas y he facturado 2.540 euros por una única factura”, explica el profesional.

El dato es cuanto menos llamativo. Eso sí, refleja una jornada concreta y un caso muy particular y, por ende, no puede extrapolarse directamente a todos los fontaneros ni a todos los días de trabajo. El propio Emanuele reconoce que sus ingresos fluctúan considerablemente dependiendo del servicio que tenga que realizar.

España necesita alrededor de 25.000 fontaneros

La situación del sector es complicada. España arrastra un déficit estimado de unos 25.000 fontaneros y la empleabilidad del sector se sitúa alrededor del 90%.

El relevo generacional es uno de los principales obstáculos. La edad media de los fontaneros e instaladores de tuberías alcanza los 44,8 años. Más de la mitad tiene más de 45 años, mientras que únicamente entre el 9% y el 12% de estos profesionales tiene menos de 30.

Si se amplía el análisis al conjunto de las instalaciones de agua, climatización y gas, cerca del 60% de los trabajadores se encuentra entre los 40 y los 60 años. Las nuevas incorporaciones resultan insuficientes para compensar las necesidades existentes.

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Emanuele quiere utilizar precisamente sus vídeos para cambiar la percepción del oficio. “Gracias a mí mucha gente se está animando a aprender ese oficio. Lo hago para que vean que hay trabajo y que no te mueres de hambre”, asegura.

Más de 26 millones de viviendas necesitan mantenimiento

La demanda tampoco parece destinada a desaparecer. España cuenta con más de 26 millones de viviendas y una parte importante del parque inmobiliario fue construida antes de 1980. Tuberías envejecidas, bajantes, fugas, reformas de baños y renovación de sistemas de agua caliente generan trabajo constante.

A ello se suma la rehabilitación energética. La modernización de edificios implica adaptar instalaciones y sustituir equipos por soluciones más eficientes, tareas que requieren trabajadores especializados.

Los daños por agua se encuentran además entre los siniestros habituales en las viviendas aseguradas. Una fuga puede exigir una intervención inmediata, lo que convierte la fontanería en un servicio difícil de aplazar o sustituir.

“Cumplen, hacen bien su trabajo y te resuelven el problema”

Para Emanuele, la dificultad no consiste únicamente en encontrar personas dispuestas a trabajar. También pone el acento en la profesionalidad del sector: “Cumplen, hacen bien su trabajo y te resuelven el problema”, señala al referirse a gran parte de los profesionales que considera realmente fiables.

Imagen | RRSS Emanuele

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La noticia Emanuele, fontanero en España: “Hoy he trabajado 12 horas y he facturado 2.540 euros por un único arreglo” fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Sergio Delgado .

Comprar una vivienda implica para muchas familias asumir una deuda durante buena parte de su vida laboral. Le pasaba a nuestros padres y nos va a pasar a todos si decidimos dar un paso en frente e hipotecarnos.

Yago Taboas Rivas, experto en finanzas, sostiene a través de su cuenta en Instagram que limitarse a abonar religiosamente la cuota durante tres décadas puede resultar mucho más caro de lo necesario.

“La peor forma de comprar una vivienda es la más común”, comienza explicando. Su advertencia se dirige a quienes contratan el préstamo y dejan que transcurra todo el calendario de amortización: “Normalmente, las personas cogen una hipoteca y la van pagando mes a mes durante treinta años y se olvidan, pero eso es lo peor que puedes hacer y te lo voy a demostrar”.

Una hipoteca de 200.000 euros durante 30 años

Taboas utiliza un ejemplo para mostrar el peso que adquieren los intereses cuando el préstamo se extiende durante décadas. “Pongamos que coges una hipoteca de 200.000 euros a 30 años con un tipo de interés del 3%, pagarías alrededor de 850 euros al mes de hipoteca”.

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El problema, según explica, aparece al sumar todo lo abonado durante esos 360 meses. “Si pagas mes a mes, como hace todo el mundo, acabarás pagándole al banco 103.000 euros de intereses a lo largo de 30 años”. Estos intereses se añaden, claro está, a los 200.000 euros de capital solicitado inicialmente.

Ahorrar 200 euros al mes para amortizar

La alternativa que propone este experto consiste en realizar amortizaciones anticipadas periódicas. No exige necesariamente disponer de una gran cantidad de dinero de una sola vez.

“Si tú en vez de pagar la hipoteca mes a mes y olvidarte, ahorras 200 euros al mes y al final del año los usas para descontar lo que debes, te ahorrarías 30.000 euros en intereses”, asegura.

Reservar 200 euros mensuales supone reunir 2.400 euros al año. Ese dinero se utilizaría para reducir anticipadamente el capital pendiente. Según el cálculo planteado por Taboas, esta estrategia permitiría “pagar la hipoteca en 22 años en vez de 30 años”.

El resultado serían ocho años menos de deuda, además del ahorro indicado en intereses. La clave está en que cada amortización reduce el capital sobre el que posteriormente se calculan los intereses.

Reducir plazo o bajar la cuota mensual

Una amortización parcial abre normalmente dos posibilidades. El hipotecado puede mantener una cuota similar y acortar la duración del préstamo o conservar el vencimiento inicialmente pactado y reducir las mensualidades posteriores.

Si el objetivo prioritario es disminuir el coste financiero total, acortar el plazo suele producir un ahorro mayor de intereses que reducir únicamente la cuota, aunque la elección dependerá de las circunstancias económicas de cada hogar.

También existe la amortización total, mediante la cual se devuelve de una vez todo el capital pendiente y se cancela anticipadamente la deuda.

Antes de amortizar hay que hacer números

La estrategia de Taboas no significa, eso sí, que cualquier hipotecado deba destinar automáticamente todo su ahorro disponible a cancelar deuda. Existen varios factores que pueden modificar las cuentas.

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Uno de ellos son las posibles comisiones por amortización anticipada establecidas en el contrato, que deben revisarse antes de efectuar aportaciones extraordinarias. También influyen el tipo de interés del préstamo, el plazo pendiente y las condiciones particulares de cada hipoteca.

Además, utilizar todos los ahorros para reducir deuda puede dejar a una familia sin un colchón suficiente para afrontar imprevistos. Mantener liquidez resulta especialmente importante cuando existen gastos elevados o ingresos variables.

También aparece la alternativa de invertir el capital en lugar de amortizar. Para decidir entre ambas opciones hay que comparar el ahorro financiero seguro que supone reducir la deuda con la rentabilidad potencial de una inversión, teniendo presentes su fiscalidad y riesgo.

Imagen | Instagram

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Entre 2015 y 2019 Manuela Carmena ejerció la alcaldía de la Villa de Madrid, durante esa época se rehízo lo que era la intervención urbanística más grande de España, lo que se llama operación Chamartín, que suponía cerrar una brecha urbanística en el norte de Madrid urbanizando terrenos industriales, de uso ferroviario y municipal (de los autobuses de la ciudad). Esto empieza a materializarse ahora en viviendas y oficinas, las primeras empiezan a comercializarse por el millón de euros.

La Operación Chamartín fue objeto de muchas negociaciones y renegociaciones, por parte de los propietarios de los terrenos, aquellos que tenían derechos sobre los mismos (los llamados reversionistas) y los tres niveles administrativos, ayuntamiento, comunidad autónoma y gobierno central. Como ya dije, la Operación Chamartín fue un fracaso del PP, porque no fueron capaces de sacarlo bajo la alcaldía de Ana Botella, cuando estuvieron las tres administraciones a la vez bajo el mismo partido.

No obstante las renegociaciones que hubo bajo el gobierno de Manuela Carmena empeoraron las cosas, como ya dije en su momento. ¿Por qué? Porque la vivienda empezaba a ser un problema de nuevo en Madrid tras la explosión de la burbuja inmobiliaria y la opción tomada por el ayuntamiento fue reducir la oferta de vivienda espectacularmente. De 15.000 viviendas proyectadas en un principio, a 10.500. De estas un 20% de vivienda protegida y un 10% de vivienda de uso social del ayuntamiento.

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Esta reducción de la vivienda a construir fue un gran error. Si lo que se quería era incrementar la sostenibilidad, tendría que haberse impulsado que no fueran 10500 viviendas con un 30% de viviendas sociales, sino 20.0000, la mitad de ellas viviendas sociales. La zona tienen capacidad de sobra y el impulso hubiera supuesto un cluster muy grande de vivienda y oficinas alrededor del mayor nudo de comunicaciones ferroviarias del país. Densidad de servicios públicos y privados. La verdadera ciudad de los 15 minutos que está de moda entre políticos de izquierdas ahora. El directivo y la secretaria hubieran podido vivir en el mismo barrio e ir andando a la oficina (por ir al tópico de Wall Street).

Una oportunidad desaprovechada

Un gran parque de vivienda hubiera podido ser una semilla, o al menos una solución parcial de un sistema de vivienda pública abundante, como sucede en Singapur o Viena (ambos casos de estudio tratados aquí). Lo difícil de un sistema así es empezar, en Singapur se comenzó tras un incendio y en Viena tras la segunda guerra mundial. Ambas circunstancias especiales que no esperamos que sean replicables en Madrid del siglo XXI, pero un gran desarrollo urbanístico hubiera podido empezar de cero.

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El siglo XXI va a ser de las grandes ciudades y el éxito de Madrid va a ser crucial para casi toda España si queremos competir en un mundo envejecido, polarizado y de menor crecimiento económico. Poder ofrecer vivienda a sus habitantes debe ser una prioridad, no una decisión de una mentalidad claramente anclada en cómo era Madrid hace bastantes décadas e intentando proporcionar una solución dimensionada para los años 80.

La semana pasada empezaron a comercializarse las primeras viviendas en los terrenos de Madrid Nuevo Norte, aparecen en el portal inmobiliario idealista desde medio millón de euros (y en régimen de cooperativa). La más barata de tres dormitorios (que es el piso típico familiar)  ronda lo 800.000 euros, otras mejores de 3 dormitorios o de 4 dormitorios superan el millón de euros.

Por último, no todo es culpa de Manuela Carmena y de su administración. El actual Código Técnico de la Edificación hace muy caro construir por la normativa europea. También la actual configuración de la Operación Chamartín fue aprobada en unanimidad por todos los partidos del ayuntamiento de Madrid, de Más Madrid a Vox pasando por PSOE y PP. Es decir, es culpa de todos, pero mientras tanto tenemos una crisis de vivienda cercana a la de la postguerra en España y pisos a un millón de euros. Esto es lo que no le perdonaré jamás a Manuela Carmena: el suelo en Madrid es escaso y lo estamos desperdiciando, especialmente el más valioso en términos intermodales alrededor del mayor nudo ferroviario de España.

 Imagen | David Arenal y Crea Madrid Nuevo Norte

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La noticia Llega el legado urbanístico de Manuela Carmena, pisos a un millón de euros fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Javier J Navarro .

Es de sobra conocido que Estados Unidos lleva años buscando cómo reducir uno de sus grandes puntos débiles industriales: la dependencia exterior de minerales esenciales para fabricar desde coches eléctricos hasta componentes electrónicos y sistemas de defensa.

Sin embargo, una investigación ha reivindicado un recurso que el país ya tiene almacenado en enormes cantidades y al que durante décadas apenas se ha prestado atención: las cenizas generadas por la combustión del carbón. Trump debe estar más contento.

El estudio, llevado a cabo por un equipo encabezado por investigadores de la Universidad de Texas en Austin, ha analizado estos depósitos y calcula que podrían esconder tierras raras recuperables por un valor cercano a los 100.000 millones de dólares.

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Esto podría suponer una enorme ventaja estratégica porque Washington mantiene una elevada dependencia de China para acceder a estos materiales y, sobre todo, para procesarlos. ¿Se avecina un nuevo cambio en el orden mundial de las tierras raras?

Un grupo de 17 elementos imprescindible para la industria

Las tierras raras comprenden hasta 17 elementos metálicos empleados en numerosos productos tecnológicos.

Entre sus aplicaciones aparecen motores eléctricos, turbinas eólicas, teléfonos móviles, discos duros, equipos médicos, imanes permanentes y diferentes sistemas vinculados a la industria aeroespacial y militar.

Muchos de estos elementos existen en cantidades apreciables en la corteza terrestre, pero resulta complicado encontrarlos en concentraciones suficientemente elevadas para que su recuperación sea económicamente atractiva.

Y ahí aparece el dominio chino. Las explotaciones del gigante asiático concentran aproximadamente el 70% de la producción minera mundial, mientras que su posición es todavía más fuerte en determinadas fases de transformación. China reúne cerca del 90% del procesamiento internacional de tierras raras pesadas.

Para Estados Unidos, esta concentración supone una vulnerabilidad. Alrededor del 70% del suministro estadounidense de tierras raras depende de las importaciones procedentes de China.

Si es cierto que el país cuenta con Mountain Pass, en California, una de las grandes explotaciones mundiales, pero disponer del mineral no resuelve por sí solo el problema: también es necesario separarlo, refinarlo y convertirlo en materiales aprovechables industrialmente.

Hasta 11 millones de toneladas escondidas en las cenizas

La alternativa investigada comienza precisamente donde terminaba antiguamente el aprovechamiento del carbón.

Después de su combustión quedan cenizas que han ido acumulándose durante décadas en instalaciones repartidas por Estados Unidos.

Durante la combustión desaparece una parte considerable de la materia original, mientras determinados minerales permanecen en el residuo. Como consecuencia, las concentraciones de tierras raras presentes en las cenizas pueden llegar a multiplicar por diez las existentes inicialmente en el carbón.

Las dimensiones potenciales del recurso son enormes. Los cálculos apuntan a alrededor de 11 millones de toneladas de tierras raras presentes en depósitos estadounidenses de cenizas accesibles. Esa cantidad equivaldría a casi ocho veces las reservas domésticas de estos materiales que actualmente se conocen.

Un potencial económico de 100.000 millones de dólares

El estudio estima que la fracción económicamente recuperable podría alcanzar un valor próximo a 100.000 millones de dólares.

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Además, no sería necesario partir siempre de una explotación minera convencional. El carbón ya fue extraído, transportado y utilizado, mientras que sus cenizas se encuentran concentradas en depósitos existentes. Esto podría eliminar algunas de las fases iniciales necesarias cuando se desarrolla una mina desde cero.

Otra investigación sobre estos residuos ha calculado que las cenizas de carbón podrían proporcionar globalmente más de 300.000 toneladas estadounidenses de tierras raras cada año.

El verdadero desafío está en conseguir extraerlas

Los procedimientos tradicionales de separación pueden requerir tratamientos químicos intensivos, por lo que diferentes grupos científicos están probando tecnologías alternativas.

Entre ellas figuran procesos electroquímicos, ácidos menos agresivos e incluso sistemas que recurren a microorganismos o plantas capaces de concentrar determinados metales.

Investigadores de la Universidad de Monash han obtenido resultados especialmente prometedores en ensayos piloto, con tasas de recuperación de hasta el 90% para los 17 elementos considerados tierras raras.

Para Washington, cada tonelada recuperada dentro de sus fronteras tiene además una lectura geopolítica. 

Lo que se pueda encontrar, no borra de golpe el dominio chino, pero ofrecen algo que Estados Unidos lleva años buscando: una enorme reserva doméstica con la que empezar a reducir a buen ritmo dicha dependencia.

Imagen | El Mundo, Alexander Grey

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La noticia EEUU encuentra un ‘tesoro’ de 100.000 millones de dólares donde nadie miraba. Justo lo que necesitaba para dejar de depender de China fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Sergio Delgado .

Suele ser una buena noticia el hecho de heredar un buen montante económico. Puede ayudarte a pagar alguna que otra deuda, a eliminar buena parte de lo que te queda por pagar de hipoteca o, en el peor de los casos, a darte algún que otro capricho.

Pero ojo, porque heredar, por ejemplo, 100.000 euros no tiene las mismas consecuencias fiscales dependiendo de dónde esté guardado ese dinero.

Un fondo de inversión, una cuenta bancaria o un plan de pensiones reciben tratamientos distintos y esa diferencia puede traducirse en miles de euros cuando los hijos reciben el patrimonio acumulado por sus padres.

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Una ciudadana marroquí estalla contra España porque ya no cobra ayudas: “España es una mierda. Me dijeron que debía devolver el dinero y además pagar una sanción”

El abogado laboralista e influencer Andrés Millán ha lanzado una advertencia mediante su cuenta de TikTok: "Un plan de pensiones es lo peor que puede heredar tu hijo después de una deuda porque Hacienda se quedará la mitad".

Y todo ello, claro está, por el impacto que puede alcanzar el IRPF en determinados casos, aunque el porcentaje efectivo dependerá de los ingresos del beneficiario, la cuantía rescatada y su comunidad autónoma.

Heredar un plan de pensiones de 100.000 euros

Por ejemplo, una persona puede haber aportado 50.000 euros durante años y conseguir que su plan alcance los 100.000 euros. También pueden existir patrimonios mucho mayores: 500.000 euros o incluso un millón.

Cuando fallece el titular, el beneficiario no paga el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por las prestaciones del plan.

Pero ¡atención! Porque el golpe fiscal puede llegar después: cuando cobre el dinero, las cantidades rescatadas tendrán la consideración de rendimientos del trabajo y se incorporarán a la base general del IRPF.

No es correcto interpretar literalmente que Hacienda siempre se lleva el 50%. La cantidad depende de las circunstancias del contribuyente y de cuánto rescate cada año.

De 50.000 euros aportados a 100.000 euros acumulados

Hay que tener en cuenta una cosa: en un plan de pensiones no se tributa únicamente por la rentabilidad obtenida al rescatarlo.

Si se aportaron 50.000 euros y el patrimonio terminó alcanzando los 100.000, el beneficiario que posteriormente cobre esos 100.000 euros tendrá que declarar la prestación como rendimiento del trabajo. No se limita la tributación a los 50.000 euros de diferencia entre aportaciones y valor final.

Esta característica es la que lleva a Millán a cuestionar el atractivo de este producto desde el punto de vista de la transmisión patrimonial. El tratamiento es muy diferente al que puede producirse con determinados activos heredados.

Un fondo de 100.000 euros puede tener un resultado muy distinto

El experto también contrapone el plan de pensiones con un fondo de inversión. En una herencia, las participaciones del fondo sí entran en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

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La tributación efectiva dependerá, entre otros factores, de la comunidad autónoma y del parentesco.

Después aparece una diferencia fundamental para el IRPF. El valor de adquisición de las participaciones heredadas se determina, con carácter general, conforme a las reglas de Sucesiones, sin superar el valor de mercado, añadiendo determinados gastos y tributos asociados.

Supongamos que un padre compró participaciones por 20.000 euros y, cuando fallece, valen 100.000. La ganancia acumulada durante su vida no se integra en su IRPF por el mero hecho de transmitirse por fallecimiento, lo que habitualmente se conoce como "plusvalía del muerto".

Si el hijo recibe las participaciones con un valor de adquisición de 100.000 euros y posteriormente las vende por una cifra prácticamente idéntica, la ganancia patrimonial posterior será mínima.

De un millón de euros a 1.000.001 euros

En el vídeo, el abogado lleva el ejemplo todavía más lejos. Plantea una inversión heredada con un valor de un millón de euros que el hijo vende posteriormente por 1.000.001 euros.

Bajo ese supuesto simplificado, la diferencia entre el valor de adquisición heredado y el precio de transmisión sería de apenas un euro. Precisamente por esta posibilidad de mantener un patrimonio invertido durante años, Millán afirma que "es el mejor regalo que le puedes hacer a un hijo".

La normativa fiscal confirma que las ganancias patrimoniales que pudieran ponerse de manifiesto por la transmisión de bienes a los herederos tras el fallecimiento quedan fuera del IRPF del fallecido.

Por qué recomienda no vender toda la inversión

Tampoco aconseja que el heredero liquide automáticamente el patrimonio recibido. Sino mantener el capital invertido y vender progresivamente las cantidades necesarias.

La diferencia puede ser enorme cuando hablamos de 100.000, 500.000 o un millón de euros. Mantener ese patrimonio permite que una cantidad elevada continúe generando potenciales rendimientos mientras el heredero dispone del dinero de forma gradual.

Imagen | TikTok Andrés Millán

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La noticia Andrés Millán, abogado: "Un plan de pensiones es lo peor que puede heredar tu hijo después de una deuda porque Hacienda se quedará la mitad" fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Sergio Delgado .

El mundo envejece a pasos agigantados. No es solo algo que ocurra en España o en Europa. Pasa en prácticamente todas las sociedades modernas. Cada vez hay más gente mayor y, por ende, los diferentes sistemas públicos de pensiones de todo el mundo se tensionan de forma imparable.

Las cifras asustan. En 2050 habrá 52 personas mayores de 65 años por cada 100 personas de entre 20 y 64 años en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En 2025 son 33 y en el año 2000 eran solo 22, según datos de la propia organización.

El aumento de la esperanza de vida, la caída de la natalidad y el crecimiento del número de jubilados obligan a repartir el esfuerzo financiero entre una población activa que, proporcionalmente, pierde peso.

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Scott Galloway, profesor de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, ha replanteado en una charla en Youtube el derecho a cobrar una pensión pública de aquellos jubilados que cuentan con un patrimonio o unos ingresos suficientemente elevados.

Galloway cuestiona la transferencia de riqueza hacia los jubilados

El planteamiento de Galloway parte de una comparación meramente generacional. Considera que los actuales jubilados forman parte de la generación que ha conseguido acumular mayores niveles de riqueza. Mientras muchos jóvenes encuentran dificultades para construir patrimonio.

Aunque el profesor habla de una realidad que, según él, vive EEUU. Esta también podría extrapolarse a España. El debate sobre el “conflicto económico” entre generaciones también es algo que levanta ampollas en nuestro país. ¿Es la situación patrimonial de los jóvenes el resultado de un sistema ‘capturado’ por los ‘boomers’?

Galloway califica esta transferencia de riqueza de los trabajadores hacia los jubilados como “un factor perjudicial para el progreso”, especialmente por sus consecuencias sobre la capacidad de las generaciones jóvenes para ahorrar y acumular capital.

El problema, según su planteamiento, no estaría en proteger económicamente a quienes necesitan una pensión, sino en mantener las mismas prestaciones para jubilados con situaciones patrimoniales muy diferentes.

Entre el 10% y el 30% podría no necesitar la pensión

Su propuesta va mucho más allá de modificar las cuantías de las pensiones. En dicha charla, Galloway plantea estudiar la retirada de la pensión pública a los jubilados situados por encima de un determinado nivel de riqueza.

Según sus estimaciones, entre el 10% y el 30% de los beneficiarios podrían encontrarse en una posición económica suficientemente favorable como para no necesitar estos ingresos públicos.

La medida supondría introducir un criterio patrimonial o de renta dentro de un sistema que tradicionalmente vincula la prestación a las aportaciones realizadas durante la vida laboral.

Los jóvenes encuentran mayores obstáculos para acumular patrimonio

La crítica de Galloway está estrechamente relacionada con la situación económica de las nuevas generaciones.

Los trabajadores jóvenes necesitan destinar parte de sus ingresos al sostenimiento de las pensiones mientras afrontan simultáneamente dificultades para construir su propio patrimonio, tal y como también afirma la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España.

La vivienda representa uno de los grandes obstáculos. Comprar una casa exige disponer de ahorro previo, afrontar precios elevados y asumir durante décadas el pago de una hipoteca. Quienes viven de alquiler también tienen que reservar una parte considerable de sus ingresos mensuales para vivienda.

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Por si esto no fuera poco, hay que sumar la necesidad de ahorrar para la jubilación futura en un contexto demográfico cada vez más exigente.

Galloway sostiene que destinar una cantidad creciente de recursos a jubilados con elevados niveles de riqueza puede limitar la capacidad de inversión y ahorro de quienes todavía se encuentran desarrollando su vida profesional.

Menos trabajadores para financiar a más pensionistas

Una cosa está clara: los sistemas de reparto dependen de las cotizaciones y recursos generados en cada momento para financiar las prestaciones de quienes ya están jubilados.

Cuando aumenta el número de pensionistas y disminuye proporcionalmente el de trabajadores, el equilibrio se vuelve más complejo. Pasa en España, pasa en EEUU y pasa en prácticamente todo el mundo.

La baja natalidad reduce progresivamente las nuevas generaciones que llegan al mercado laboral, mientras una mayor esperanza de vida prolonga durante más años el periodo durante el que se perciben prestaciones.

El profesor cree necesaria una reforma profunda para evitar que los recursos públicos terminen incrementando el patrimonio de quienes ya cuentan con una posición privilegiada. Pero, ¿habría algún gobierno capaz de dar este paso?

Imágenes | Youtube

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La noticia Un experto en finanzas propone dejar sin pensiones a los más ricos: “La transferencia de riqueza a los jubilados perjudica el progreso” fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Sergio Delgado .

Las ayudas públicas que otorga el Estado y las diferentes administraciones están sujetas al cumplimiento de una serie de requisitos que no terminan necesariamente en el momento de su concesión. Es algo que, en principio, todo el mundo debería conocer.

La Administración puede revisar posteriormente una prestación y, si determina que el beneficiario no reúne las condiciones exigidas, reclamar las cantidades abonadas e incluso aplicar sanciones.

Yasmine es una ciudadana marroquí que asegura llevar 26 años viviendo en España. La televisión ha sido testigo de su indignación después de conocer que debía devolver una ayuda de 100 euros mensuales por un hijo menor de tres años y que había percibido durante aproximadamente dos años y medio.

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Lo dejó claro en sus redes sociales: “España es una mierda y cada vez va peor”, tras salir de una oficina de Hacienda. Días después explicó el motivo de su enfado: “Salía enfadada porque me dijeron que debía devolver el dinero y además pagar una sanción. Si no me correspondía, ¿por qué me lo concedieron? Alguien no hizo su trabajo”.

Una ayuda de 100 euros mensuales durante dos años y medio

El conflicto se originó por una prestación de 100 euros mensuales por hijo menor de tres años que Yasmine asegura haber percibido durante unos dos años y medio.

La afectada cuestiona que ahora tenga que reintegrar unas cantidades cuya concesión había sido previamente aceptada. También rechaza la imagen de que dependa económicamente de las prestaciones públicas.

“Si me embargan la nómina es porque trabajo. Tengo una hija en un colegio privado y no necesito paguitas del Estado. Los 100 euros no me solucionan la vida”, aseguró durante su intervención televisiva.

Yasmine afirma que lleva 14 años cotizando en España, además de residir en el país desde hace 26.

“Me embargaron la nómina entera”

La mujer también mostró su enfado con la burocracia y las notificaciones recibidas. Según su relato, una comunicación llegó cuando se encontraba fuera y, al intentar posteriormente aclarar lo sucedido, el plazo ya había finalizado.

“Me llegó una carta cuando estaba de vacaciones, fui a pedir explicaciones y me dijeron que ya estaba fuera de plazo. Me embargaron la nómina entera. Eso no es justo”, explicó.

En su aparición en televisión, también relacionó parte de las críticas recibidas con su nacionalidad. “Si lo dijera una Laura Pérez, no estaría hoy aquí. Pero como lo digo yo, una morita, se monta el escándalo”.

El Ingreso Mínimo Vital puede superar los 1.300 euros

En España, las cuantías en cuanto a ayudas, dependen de la prestación, los ingresos y la composición del hogar.

En el Ingreso Mínimo Vital, por ejemplo, determinadas unidades familiares pueden superar los 1.300 euros. Un hogar compuesto por dos adultos y dos menores puede alcanzar 1.393,84 euros, mientras una unidad monoparental formada por un adulto y dos menores llega a 1.335,15 euros.

En el caso de los extranjeros se exige, con carácter general, al menos un año de residencia legal y efectiva de manera continuada en España inmediatamente antes de solicitar el IMV.

Las ayudas a la infancia dependen de la edad

El complemento estatal de ayuda para la infancia tampoco establece una cantidad única. Las cuantías alcanzan los 115 euros mensuales para menores de tres años, 80,50 euros para niños de entre tres y seis años y 57,50 euros desde los seis hasta los 18.

A ello pueden sumarse programas autonómicos. El País Vasco contempla ayudas de 200 euros mensuales por hijo hasta determinadas edades, mientras Cataluña dispone de pagos únicos de 650 euros vinculados al nacimiento y sujetos a requisitos.

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Andalucía, Madrid, Galicia o Navarra también cuentan con diferentes programas destinados a familias y crianza.

Las rentas mínimas tampoco son iguales en toda España

Las comunidades autónomas gestionan además sus propios mecanismos de renta mínima. Para una persona sola, las cuantías pueden oscilar aproximadamente entre 400 y 874 euros, mientras que determinados hogares con tres o más integrantes pueden alcanzar los 1.300 euros en algunos territorios.

Por tanto, no existe una cantidad fija que pueda atribuirse de manera general a cualquier beneficiario.

En su caso, Yasmine insiste: “Yo no necesito ayudas. Trabajo, cotizo y pago mis impuestos como cualquier ciudadano. Basta ya de acosar al inmigrante. Muchos de nosotros mantenemos también este país”.

Pero claro, el escándalo en redes sociales ya estaba montado.

Imagen | Telecinco

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El mercado de la vivienda comienza a mostrar síntomas de enfriamiento después de un periodo marcado por el fuerte incremento de los precios y una demanda que ha chocado constantemente con una oferta insuficiente. Podía pasar y así ha sido.

Aunque la escasez de inmuebles continúa sosteniendo las valoraciones en muchas zonas de España, algunos indicadores apuntan ya hacia un cambio de escenario.

Montse Cespedosa, experta financiera y bróker hipotecaria con una amplia trayectoria profesional, advierte de que el giro ya se percibe directamente en el mercado. “En los datos de la calle se confirma el giro absoluto de 180 grados en materia de vivienda. Las hipotecas se frenan en seco”, asegura.

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La especialista pone como ejemplo lo que está ocurriendo en determinados mercados especialmente tensionados. “En Ibiza y en Formentera, ya hay un 12% menos de operaciones”, señala antes de añadir que “la mayoría de entidades confirman el frenazo”.

Las hipotecas empiezan a perder impulso

El escenario descrito por Cespedosa supone un cambio respecto a la evolución registrada durante los últimos años.

El cóctel es explosivo: precios inmobiliarios elevados, mayores exigencias para acceder a financiación y el esfuerzo económico que deben asumir las familias está reduciendo el margen de numerosos compradores.

“La subida del precio de las hipotecas y del precio de la vivienda, y el endurecimiento de crédito de estas hipotecas hace que la burbuja pierda fuelle, cada vez con más fuerza”, explica la experta.

Uno de los obstáculos continúa siendo el ahorro previo. Las entidades financieras suelen limitar la financiación ordinaria alrededor del 80% del valor de tasación o compraventa, por lo que el comprador debe disponer del capital necesario para cubrir el porcentaje restante y los gastos asociados a la operación.

Cuando el precio de la vivienda aumenta, esa barrera de entrada también crece. Una vivienda de 250.000 euros financiada al 80%, por ejemplo, exige aportar inicialmente 50.000 euros únicamente para cubrir la parte no financiada, antes de añadir impuestos y otros desembolsos relacionados con la adquisición.

Las compraventas de vivienda caen un 7,6%

Los últimos datos provisionales del Colegio de Registradores refuerzan las señales de moderación que empieza a mostrar el mercado inmobiliario.

Según el avance de la Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente a mayo de 2026, elaborado a partir de información proyectada sobre el 95,4% de los registros analizados, se contabilizaron más de 61.000 compraventas de vivienda, lo que representa una caída interanual del 7,6%. Se trata, además, del quinto mes consecutivo en el que disminuyen estas operaciones.

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En el conjunto del mercado inmobiliario se registraron aproximadamente 119.000 compraventas, un 4,9% menos en términos interanuales.

La evolución hipotecaria, eso sí, presenta algunos matices. Se constituyeron más de 54.700 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles, un 2,1% más que un año antes. Al limitar el análisis a las viviendas, fueron unas 42.200 operaciones, cifra que supone un descenso del 0,5%.

Baleares registra uno de los mayores descensos

Las diferencias territoriales son especialmente significativas. Andalucía fue la única comunidad autónoma en la que aumentaron las compraventas de vivienda en mayo, con un avance del 4,3%.

En el extremo contrario aparecen Melilla, con una caída del 31%; Cantabria, con un 26,2%; Baleares, con un 21,4%, y Murcia, con un 19,8%. El comportamiento de Baleares resulta especialmente relevante teniendo en cuenta la advertencia de Cespedosa sobre Ibiza y Formentera.

En cifras absolutas, Andalucía se mantuvo a la cabeza, superando las 11.500 compraventas de vivienda. Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Madrid ocuparon las primeras posiciones por volumen de operaciones.

Las hipotecas sobre vivienda bajan en trece territorios

La financiación también muestra importantes contrastes geográficos. Las hipotecas sobre vivienda aumentaron únicamente en seis comunidades y ciudades autónomas, mientras descendieron en trece.

Navarra encabezó los incrementos con un 32,8%, seguida de Ceuta, con un 13,7%, y Canarias, con un 13,3%. Por el contrario, Melilla registró una reducción del 27%, mientras Baleares y Cantabria experimentaron descensos del 20,8%.

Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana superaron las 7.000 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles. Andalucía volvió a situarse en primera posición, con más de 9.600 operaciones hipotecarias, alrededor de 7.900 de ellas correspondientes a viviendas.

El mercado, por tanto, sigue condicionado por una oferta limitada que dificulta una gran bajada generalizada de precios. Sin embargo, el menor número de compraventas, las dificultades de acceso al crédito y el elevado ahorro inicial necesario empiezan a limitar la capacidad de compra de muchos hogares. Los datos hablan por sí solos.

Imágenes | Youtube, Danist Soh

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